Un reciente informe reveló el comportamiento de los municipios de Urabá frente al cumplimiento de la Ley 617 de 2000, que busca controlar los gastos de funcionamiento de las administraciones locales, es decir, lo que se invierte en sueldos, funcionamiento interno y operación de los gobiernos municipales.
La tabla, que muestra el comportamiento de este indicador entre 2021 y 2024, establece límites que no deben superarse: el 70% para municipios de categoría 3, como Apartadó, y el 80% para los de categoría 6, como Turbo, Carepa o Necoclí.
Aunque municipios como Apartadó, Chigorodó y Carepa continúan dentro del rango permitido, han venido incrementando su gasto año tras año, lo que los pone en una zona de vigilancia.
El caso más crítico es el de Turbo, que desde 2022 ha sobrepasado de forma alarmante el límite permitido. En 2024, su indicador llegó al 91,57%, muy por encima del 80% establecido, lo que lo ubica en rojo y refleja un alto nivel de gasto que podría afectar su sostenibilidad fiscal.
Por su parte, Murindó y San Pedro de Urabá lograron mejorar sus cifras tras haber estado en rojo, mientras que San Juan de Urabá pasó de un 74% en 2021 a tan solo 53,66% en 2024, mostrando una reducción notable en sus gastos de funcionamiento.
El color del semáforo acompaña estos datos: verde para los que cumplen, amarillo para los que se acercan al límite y rojo para los que lo sobrepasan. Este indicador es clave para medir la salud financiera de los municipios y su capacidad para invertir en obras y programas sociales.