La Diócesis de Apartadó rompió el silencio y emitió un comunicado oficial luego de que el sacerdote Otoniel de Jesús Largo Marín fuera asegurado por la Fiscalía, como presunto responsable de abuso sexual contra su sobrina de 11 años. Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2024 en la casa cural del municipio donde ejercía como párroco, en la zona costera del Urabá antioqueño.
Según el boletín emitido por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al religioso de 57 años, quien presuntamente habría realizado tocamientos de carácter sexual a la menor durante su visita de vacaciones. El sacerdote no aceptó los cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
En su pronunciamiento oficial del 4 de julio, la Diócesis de Apartadó aseguró que activó de inmediato los protocolos internos al conocer la denuncia, e inició un proceso canónico exhaustivo para investigar los hechos, sin interferir con la investigación penal que adelanta la Fiscalía. En consecuencia, informó que el sacerdote fue suspendido ad cautelam de todas sus funciones y ministerios, como lo establece el Código de Derecho Canónico.
“Nuestra prioridad es garantizar que la justicia civil pueda actuar sin obstáculos”, señala el comunicado firmado por el obispo Carlos Alberto Correa Martínez, quien también expresó solidaridad con las personas afectadas y reiteró el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores.
La Diócesis manifestó su disposición para continuar colaborando con las autoridades civiles y judiciales en el esclarecimiento de los hechos, y se comprometió a informar sobre el avance del proceso canónico cuando sea oportuno.
Este nuevo caso revive la preocupación por los abusos cometidos por líderes religiosos, y pone en el centro la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y sanción en casos de violencia sexual contra menores en el país.