El undécimo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, presentado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, revela importantes rezagos en la implementación del modelo de reparación colectiva. Este modelo sigue enfrentando serias dificultades en la ejecución de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para garantizar la reparación efectiva a las víctimas.
El informe subraya que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas siguen siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.000 víctimas registradas, especialmente en áreas críticas como generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
Desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, se han indemnizado solo a 1.368.269 víctimas, lo que representa el 14 % de las que son elegibles para recibir indemnización.
Además, los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son señalados como los que presentan mayores necesidades en la atención de víctimas de desplazamiento forzado y en las dinámicas de conflicto armado persistentes. Se requieren medidas de focalización urgentes para garantizar el acceso oportuno a las medidas de atención en el marco de las emergencias.
Los Centros Regionales de Atención a Víctimas, cuya construcción y mantenimiento dependen de las alcaldías y gobernaciones en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), enfrentan serias dificultades. La Comisión expresa su preocupación por el deterioro persistente de muchas de estas instalaciones.
Vivienda
Más del 77% de las víctimas enfrentan un déficit habitacional, y su participación en los subsidios de vivienda ha disminuido significativamente. En 2013, las víctimas representaban el 73,4% de los 33.079 subsidios otorgados a la población general. Sin embargo, para 2023, su participación se redujo al 11,9% de los 54.258 subsidios otorgados.
Rehabilitación Psicosocial
El informe también insta al Ministerio de Salud y Protección Social, la UARIV y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a acelerar las acciones de rehabilitación y atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.
Acceso a Servicios Básicos
El acceso a servicios básicos sigue siendo un desafío significativo. La pobreza extrema entre las víctimas aumentó del 13,2 % en 2019 al 21,2 % en 2022. Además, la tasa de ocupación formal para las víctimas sigue siendo muy baja. Aunque el 50,6% de los hogares víctimas ha accedido a programas gubernamentales para la generación de ingresos, solo el 25,1 % ha logrado superar su situación de vulnerabilidad socioeconómica. A la fecha, más de cinco millones de víctimas siguen en situación de vulnerabilidad.
Protección de Grupos Vulnerables
El informe destaca barreras significativas en la protección de mujeres y personas LGBTIQ+, lo que pone en evidencia la falta de programas efectivos y la insuficiencia en la atención a sus necesidades específicas. La comisión recomienda una aplicación más efectiva del enfoque de género en las políticas de atención y reparación.
Restitución de Tierras
En cuanto a la restitución de tierras, el informe alerta sobre fallas en las tres etapas del procedimiento. Primero, hay un retraso promedio de dos años para resolver una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, a pesar de que la Ley 1448 establece un plazo de seis meses. Segundo, la etapa judicial sigue congestionada debido a la excesiva carga laboral y el represamiento de procesos. Y tercero, persiste el incumplimiento de sentencias de restitución por parte de diversas entidades gubernamentales.
Atención Humanitaria
Finalmente, la Comisión advierte sobre el aumento de eventos de confinamiento en los últimos tres años, especialmente en el departamento de Chocó, que concentra el 52,3% de estos casos, seguido por Nariño y Arauca con 11,4% y 10,8%, respectivamente.