Siete hospitales públicos de Antioquia serán investigados por presuntas irregularidades en cobros coactivos y embargos millonarios, que, según denuncias de la Nueva EPS, fueron recaudados de manera excesiva entre 2019 y 2022 en 24 hospitales del país.
La Procuraduría General de la Nación anunció que la Fiscalía será la encargada de investigar los cobros, que ascienden a $56.000 millones en Antioquia. Entre los hospitales investigados se encuentran el ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, el ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte, y otros cinco centros médicos del departamento.
El organismo de control también alertó sobre la posible implicación de abogados que habrían asesorado ilegalmente a las entidades de salud en el recaudo, con pactos de honorarios de hasta el 30% del valor de las sumas recaudadas.
La situación jurídica será trasladada a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario. Esta investigación preocupa al gremio de la salud, ya que los retrasos en los pagos por parte de la Nueva EPS están afectando la prestación de servicios en los hospitales públicos.
La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) explicó que, aunque algunos hospitales cobraron sumas superiores a las adeudadas por la EPS, otros realizaron cobros justos. Sin embargo, todos se ven perjudicados por los giros demorados de la Nueva EPS, lo que pone en riesgo la atención a los usuarios.
«Es como un castigo por haber realizado el cobro coactivo. Algunos hospitales llevan más de un año sin recibir recursos, lo que afecta gravemente la prestación de servicios de salud», expresó Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA.