El periodista, humorista y crítico fue asesinado por ser tildado de “enemigo interno”, dijo la Fiscalía. Fue crimen de lesa humanidad, explicó el Consejo de Estado. Lentamente, la justicia ha empezado a develar qué altos funcionarios estatales estuvieron involucrados.
Si mi hermano estuviera vivo, estaría haciendo lo mismo que hizo siempre: ayudarnos a salir de esa comodidad en la que estamos permanentemente.
Jaime Garzón ya no está. En la madrugada del 13 de agosto de 1999, sicarios contratados por una estructura de poder para ellos invisible apagó su vida para siempre, arrebatándoselo a un país que, con frecuencia y sin piedad, abandona a sus hijos a su suerte. Contratados, sí, porque aquí la vida de los otros se puede transar con dinero sobre la mesa, como cualquier objeto vulgar. Aunque ya no está, hay quienes, como su hermana Marisol Garzón, todavía se atreven a imaginárselo en el mundo frenético de hoy, donde el acuerdo final con las Farc todavía no traduce la “paz estable y duradera” que tantos anhelan. Tal como la anheló el propio Garzón mientras trabajó por ella.
—Por culpa de dios, el destino, la divina providencia, nos tocó habitar este espacio —decía el propio crítico y humorista—.
El país perdió a la persona que mejor resumía la realidad nacional, reclama César Augusto Londoño, quien fue su amigo y compañero de set. El mismo que hace veinte años, al aire en CM&, cerró su segmento despidiéndose del país de mierda que acababa de dejarnos huérfanos de Jaime Garzón, de las risas que venían con sus personajes, de las reflexiones que estos disparaban con un humor que era anestesia y daga a la vez. Y a pesar de que el tiempo ha sido extenso desde que lo asesinaron, no ha sido fácil que la justicia nacional entregue los datos concretos de quiénes, cuándo y cómo se beneficiaron de este homicidio. De qué se buscaba, realmente, con matarlo.
Se sabe que Carlos Castaño fue uno de ellos, sí. En su autobiografía, aseguró que se arrepintió de haber dado la orden, pero que no logró revertirla. Fue condenado a 38 años de prisión, por orden del Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá. La sentencia se emitió en marzo de 2004, pero el proceso no alcanzó a llegar a segunda instancia, para confirmar la culpabilidad del exjefe paramilitar, porque ese mismo año Castaño desapareció. O lo desaparecieron, según declaró en 2006 Jesús Ignacio Roldán, alias Mono Leche, jefe de seguridad de Vicente Castaño. Mono Leche dijo que fue un fratricidio ordenado por el propio Vicente Castaño. Pero Marisol Garzón no cree en esta versión.
—A Castaño lo pulverizaron, ni siquiera nos quedó el polvito para examinarlo. ¿Donde están sus cenizas? Yo estoy totalmente convencida de que no lo mataron. A la esposa y a la hija se los llevaron al otro día a Estados Unidos, lo sé por una fuente seria. A él por allá también debieron hacerle cirugías o quien sabe qué y debe estar en otro lado, porque, ¿donde está el cadáver de Castaño? Nunca lo vimos y de pronto lo mataron, cuando el tipo era poderosísimo.
Castaño desapareció del panorama justo cuando las Autodefensas Unidas de Colombia, en cuyo surgimiento él tenía todo que ver, negociaban la dejación de armas de los paramilitares. En septiembre de 2006, la Fiscalía de Mario Iguarán confirmó que un cráneo hallado en una fosa común en Valencia (Córdoba) pertenecía al exjefe paramilitar Castaño, que los restos se cotejaron con uno de sus hijos y que la probabilidad de que no fuera él era una en un millón. Iguarán explicó que una bala nueve milímetros atravesó su ojo izquierdo, penetró su cabeza y causó su muerte. Y como los muertos no pueden ser investigados, el proceso Garzón se frenó ahí con respecto a él.
Las desviaciones
El fallo contra Carlos Castaño contiene un dato clave para la investigación: desde entonces, hace quince años, la justicia sabe que este proceso fue intervenido con el propósito de desviarlo. El juez, por ejemplo, resaltó que María Amparo Arroyave quizás estaba “aleccionada” y que, por eso, su relato era inverosímil, pues ella declaró que había visto a los sicarios que dispararon contra Garzón cuando este se dirigía a Radio Net, por el occidente de Bogotá, hacia las 5:30 a.m. Aseguró bajo juramento que los vio desde un cuarto piso, a unos 300 o 400 metros de distancia, ayudó a que se hicieran retratos hablados y luego los identificó en persona.
Su testimonio, que prometía resolver el caso, en realidad se volvió la evidencia flagrante de que alguien quería entorpecer el caso. Quienes dispararon llevaban pasamontañas, pero, aun así, Arroyave buscó a agentes del DAS y les describió hasta su mentón, sus cejas y su nariz. Los investigadores descubrieron que era imposible que ella hubiera observado el asesinato desde el apartamento donde aseveró haber sido testigo de excepción. Sebastián Escobar, abogado de la familia del periodista, explica que en el fallo contra Castaño resultaron absueltos los autores materiales (los sicarios), precisamente, por las incongruencias del testimonio de Arroyave. Pero ella no fue la única testigo de ese tipo.
Cuando Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía, comenzó también una nueva forma de hacer investigaciones: en contexto. Así, el caso Garzón dejó de entenderse como un hecho aislado y pronto se encontraron puntos en común con otros crímenes, como el de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado o el de los abogados Jesús María Valle y José Eduardo Umaña. Todos fueron tramitados a través de Carlos Castaño y el grupo de sicarios de Medellín conocido como La Terraza. En todos, además, hubo participación de agentes de la Fuerza Pública. ¿Quiénes, cómo y cuándo? Esas son preguntas que apenas en los últimos años han venido a empezar a hallar respuesta.
Al ver el giro en el modelo de investigación, en diciembre de 2015, los abogados de la familia Garzón pidieron al entonces vicefiscal, Jorge Perdomo, que se abrieran investigaciones por la desviación de este expediente. No solo contra Arroyave, quien al parecer se radicó en Estados Unidos. También contra dos testigos más que igualmente habrían mentido, llamados Wilson Ramírez Muñoz y Maribel Jiménez Montoya, y contra once agentes del DAS que habrían participado en el montaje: ocho hombres y tres mujeres. En la administración de Montealegre se lograron varios avances frente a este caso, incluido el de declararlo de lesa humanidad, al igual que el de Umaña Mendoza.
Su petición sobre las desviaciones, sin embargo, no salió como pensaban. La única decisión que tomó Montealegre al respecto fue sacar las indagaciones de falso testimonio de la Dirección de Derechos Humanos, donde se ha hecho toda la investigación, y remitirlas a la Fiscalía 4 del grupo de trabajo de delitos contra la administración de justicia. Desde entonces, el asunto duerme el sueño de los justos, dice el abogado de la familia Garzón. Este ha sido un proceso que va a ajustar veinte años y ha sufrido alteraciones a lo largo de este tiempo, lamenta el litigante.
—En este país el Estado existe o no existe. Ejemplo: existe para cobrarle a uno impuestos, IVA, valorización; pero no existe para dar seguridad social, empleo, seguro médico, nada, ahí no existe —decía Jaime Garzón—.
2016, el año clave
Hace tres años, dos decisiones esenciales se tomaron en el proceso de Garzón. La primera fue del Consejo de Estado. El 14 de septiembre de 2016, que el Ejército y la Policía eran responsables por las violaciones graves a los derechos humanos que significó el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero. El alto tribunal calificó el asesinato de ejecución extrajudicial, como un ataque generalizado y sistemático propiciado o auspiciado desde la institucionalidad estatal contra un grupo de la población que compartía ciertas características. Básicamente, defender los derechos humanos. Y, por eso, lo declaró como crimen de lesa humanidad.
El Consejo de Estado señaló que en el crimen de Jaime Garzón se presentó un acto de la más alta gravedad, dado que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos ilegales para permitir y colaborar con el crimen. La corporación explicó que era tan inadmisible como censurable que funcionarios del Estado se aliaran con organizaciones al margen de la ley y que el origen de ese nexo era el deseo de vengarse de la guerrilla, un odio que se trasladó, dijo el alto tribunal, a las personas que eran tildadas de cometer actividades subversivas. Encima, fue un asesinato con fines terroristas, dijo el Consejo de Estado al referirse a una decisión de la Corte Suprema de 2002.
Dos semanas después de este fallo, el 28 de septiembre de 2016, vino la segunda determinación clave: la Fiscalía, igualmente, declaró el crimen de lesa humanidad. Además de señalar la connivencia malsana entre integrantes de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares, el organismo investigativo agregó un concepto del que poco o nada se había hablado y que fue otro punto en común en casos como el de Garzón, Eduardo Umaña o Jesús María Valle: el del enemigo interno. De esa idea derivaron ataques contra todos los que se pronunciaran en contra del establecimiento. Lo mismo daba que pertenecieran o no a grupos subversivos.
La Fiscalía encontró que el concepto de “enemigo interno” permaneció vigente hasta 2009 en los manuales con que se daba instrucción obligatoria a los militares. Se volvió, en otras palabras, una doctrina. Y con esa doctrina se justificó aniquilar a quien tuviera ideas que difirieran de las políticas estatales. La Fiscalía señaló que Garzón se volvió blanco de paramilitares y agentes estatales tras convertirse en mediador de la Gobernación de Cundinamarca para liberar a secuestrados de la guerrilla. José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS y consejero de Carlos Castaño, le aseguró al exjefe paramilitar que esa mediación se daba porque Garzón era guerrillero también.
—Yo no estoy invitando a que nos alcemos en armas ni estoy diciendo que nos vayamos pa’l monte; nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, en las elecciones del 98 y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo —les dijo Jaime Garzón a estudiantes universitarios en febrero de 1997—.
—No hay pruebas, declaraciones o algún documento que dé cuenta de la relación de Jaime Garzón con la guerrilla —afirma Iván Lombana, exfiscal que supervisó el proceso Garzón durante la administración Montealegre—.
Lo resuelto y lo pendiente
El 19 de julio de este año, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que José Miguel Narváez, quien era un reconocido catedrático de la Escuela Superior de Guerra, es uno de los responsables del asesinato de Jaime Garzón. Según el fallo, no hay lugar a dudas de que la persona que mostró a Jaime Garzón como un auxiliador de la guerrilla a los ojos de Carlos Castaño fue Narváez. Le llevó fotos y otras evidencias, palabra que el tribunal pone entre comillas. El tribunal, asimismo, indicó que Narváez no podía ser condenado por un crimen de lesa humanidad, pues en la época del crimen, 1999, ese concepto no existía en el ordenamiento jurídico colombiano.
En esa parte, el tribunal termina metiéndole un jalón de orejas a la Fiscalía y al Estado. Señala que no puede imputarle la categoría a Narváez porque el ente investigativo, que llamó a Narváez a juicio en 2011, no acreditó entonces que este fuera un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que son los elementos para entender si un crimen fue de lesa humanidad. Lo mismo dijo el juzgado que, en primera instancia, condenó a Narváez. En palabras del tribunal, casos como este evidencian la necesidad de que el Estado colombiano despliegue los esfuerzos necesarios para promulgar un Código de Derecho Penal Internacional aplicable para los tribunales nacionales.
Narváez, quien también fue asesor del Ministerio de Defensa, no es el único exfuncionario estatal involucrado al expediente del periodista más querido y recordado en Colombia. Cuando la Fiscalía cambió de estrategia investigativa y empezó a preguntarse cómo se desvió este proceso, llegó a un alto oficial de inteligencia militar: el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien en julio de 2003 se fugó de la Escuela de Artillería, donde pagaba una pena de cuarenta años de prisión por el secuestro extorsivo y asesinato del empresario Benjamín Khoudari. Nadie volvió a saber de él hasta el 17 de julio de 2014, cuando fue recapturado en San Martín (Meta). Estuvo once años en fuga.
Plazas Acevedo no fue el único integrante de la Brigada 13 del Ejército (Bogotá) que formó la banda criminal que se aprovechó de los medios del Estado para cometer delitos y el crimen de Khoudari no es el único por el que está procesado. La Fiscalía indaga si tuvo que ver con la masacre de Mapiripán, que se ejecutó en 1997, cuando Plazas Acevedo y toda la Brigada 17 estaba al mando del general (r) Rito Alejo del Río; y con el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, además del crimen de Jaime Garzón. Hasta la fecha, se ha negado reiteradamente a hablar. En lo que sí insiste es en que el caso del periodista se vaya a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El juicio contra el coronel (r) Plazas Acevedo terminó este año y la JEP, que todavía estudia su solicitud de sometimiento, suspendió el proceso mientras toma una determinación. Aunque, se sabe, si Plazas Acevedo toma este camino tendría que admitir que tuvo que ver con el crimen y, además, comprometerse a revelar verdades que aún oculta este episodio que enlutó a todo un país. Por último está el general (r) Del Río, quien niega haber participado en la muerte del humorista y periodista. Él también acudió a la JEP, donde pronto tendrá que presentar su programa de verdad si quiere seguir con los beneficios, como ser hombre libre. Ha dejado claro que contará “su” verdad.
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