Luego de aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de apropiación indebida de dineros públicos fueron cobijados con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.
Amed Ríos Linares, Diana Cristina Pineda Valderrama y Faris del Carmen Vergara Martínez, exempleados del área administrativa y financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá) aceptaron los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público, tras una investigación en la que se pudo establecer que, entre los años 2010 y 2016, los ex funcionarios públicos se apropiaron de 2.648 millones de pesos por medio del llamado jineteo. La denuncia fue formulada por la misma Corporación Autónoma Regional después de un proceso de control interno.
Con el apoyo de la corporación afectada, los investigadores del CTI establecieron que los servidores públicos utilizaban documentos de contratos legales destinados al suministro o a la prestación de servicios, para reelaborar contrataciones ficticias y de esta manera defraudar el patrimonio público de la entidad. Los pagos se hacían por transferencias bancarias a las cuentas de los procesados o a un grupo de particulares que después les devolvían el dinero y se quedaban con una parte.
Las irregularidades se dieron a conocer por medio de un anónimo que recibió Corpourabá el 2 de marzo de 2016. Los investigados presentaron la renuncia a sus cargos entre noviembre y diciembre del mismo año.
La investigación será remitida a los Jueces Penales de Circuito de Apartadó (Antioquia) para avalar el allanamiento y emitir la respectiva sentencia condenatoria.
Por los mismos hechos tiene orden de captura vigente la extesorera de Corpourabá, Aracelly Alzate Aristizábal.
