La reciente condena contra siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por financiación del paramilitarismo en Colombia ha sido calificada como un hecho histórico. El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia los sentenció a 11 años de prisión por concierto para delinquir agravado, en relación con pagos realizados a grupos paramilitares en regiones como Urabá.
Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, organización que acompañó a las víctimas durante el proceso, aseguró que la decisión judicial representa un avance importante en el reconocimiento de responsabilidades empresariales en el conflicto armado. Señaló que este fallo demuestra que ninguna compañía, por poderosa que sea, está por encima de la ley.
El abogado también pidió que los recursos derivados de las multas impuestas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, sean destinados a la reparación directa de las víctimas. En total, las sanciones ascienden a más de 13 mil millones de pesos en el país y 25 millones de dólares en territorio estadounidense.
Vega subrayó la importancia de que el Estado colombiano solicite la extradición de los sentenciados, actualmente fuera del país, para que cumplan la pena en Colombia. Según explicó, existen acuerdos internacionales que permiten avanzar en este proceso, y ahora corresponde al Gobierno y a la Cancillería dar los pasos necesarios para hacer efectiva la condena.
Además, recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene registradas más de 54.000 víctimas del conflicto en Urabá, muchas de ellas afectadas por el accionar de grupos armados financiados por empresas como Chiquita Brands. Por eso, insistió en la necesidad de conocer toda la verdad sobre quienes respaldaron económicamente estas estructuras criminales.
El caso representa no solo una victoria jurídica, sino también un acto de justicia simbólica para miles de personas que durante años han exigido verdad, reparación y garantías de no repetición.