La Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y su delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, desarrolló un modelo analítico prospectivo sobre la vulneración de derechos humanos tras el cierre terrestre de la frontera colombo-panameña en varios pasos del Tapón del Darién por parte de Panamá.
El estudio se centró en los municipios de Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá en Antioquia, y Acandí y Unguía en Chocó. Estos municipios, que forman parte de la subregión Urabá-Darién, tienen aproximadamente 480.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
De acuerdo con el modelo analítico prospectivo, si los cierres fronterizos provocaran la permanencia de un 10% a un 20% de la población migrante en la subregión del Urabá-Darién, en un lapso de seis meses a un año, los municipios con mayor incremento de esta población serían San Juan de Urabá, con 5.713 personas (2.9%); Arboletes, con 3.400 (2.0%); y San Pedro de Urabá, con 3.230 (1.9%).
El área de influencia de la subregión Urabá-Darién podría experimentar un aumento en la tasa de contagio de sífilis congénita, con un 5.7%; chikunguña y dengue, con un 5.2%; y leptospirosis, con un 4.7% por cada 1.000 habitantes.
La implementación de estas restricciones en la subregión podría desencadenar una crisis humanitaria, afectando especialmente la salud pública. Por ello, es crucial abordar estas problemáticas de manera integral y con un enfoque humanitario.