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Día Nacional de la Afrocolombianidad

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La población afrocolombiana tiene una tradición de lucha por sus derechos y autonomía que se ha articulado a un proceso universal de reconocimiento de la identidad afrodescendiente. La reconstrucción de la memoria histórica de los afrodescendientes de todo el mundo tiene como origen uno de los momentos históricos más lamentables de la humanidad: la esclavización y la trata trasatlántica de esclavos.

En este sentido, el día nacional de la afrocolombianidad es una oportunidad, no sólo para reflexionar sobre esta etapa histórica que duró más de 400 años y reconstituyó la demografía mundial, sino para entender nuestra propia historia como país multicultural que día a día se enriquece de su diversidad cultural.

Historia

El día nacional de la afrocolombianidad se conmemora anualmente desde el 21 de mayo de 2002, obedeciendo a la Ley 725 de 2001, la cual estableció este día como homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia, consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851.

De igual forma, esta ley busca promover la recuperación de la memoria histórica de esta población, en la misma línea de construcción de identidad planteada en la conmemoración del Día Internacional para la Celebración del Bicentenario de la Abolición de la Trata Trasatlántica de Esclavos y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificados por el Estado Colombiano.

Herramientas de protección

Aunque el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia, incluyendo a los afrocolombianos, tuvo un giro definitivo desde la promulgación de la Constitución de 1991, la cual estructuró un articulado legal que garantiza el pleno ejercicio de los Derechos y el reconocimiento de la diversidad cultural para todos los asuntos políticos, económicos y culturales, el día nacional de la afrocolombianidad se estableció formalmente a través de la Ley 725 de 2001. El sustento histórico de esta ley proviene precisamente de otra ley, la Ley 21 de mayo 21 de 1851, a través de la cual se llevó a cabo la liberación de los esclavos a mediados del Siglo XIX.

Más adelante, en mayo de 2006, a través de la Directiva Presidencial No. 1 del 18 de mayo de 2006, se establecen responsabilidades específicas de los Ministerios del Interior y de Educación y se invita a las entidades territoriales a participar de este proceso. Entre otras medidas, se establece en esta directiva el liderazgo de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior para la celebración de la abolición de la esclavitud, al igual que se le pide al Ministerio de Educación la creación de la cátedra de la afrocolombianidad que tiene como objetivo la enseñanza y la promoción de los aportes de la comunidad afrocolombiana a la historia y la cultura del país.

Sin embargo, al hablar de las leyes que benefician la población afro descendiente en Colombia, no se puede dejar de hablar de la Ley 70 de 1993 la cual «reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva… Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.» (Ley 70, 1993).

Estadísticas Relacionadas

Según el estudio Colombia una nación multicultural, basado en el Censo general de población de 2005 y publicado por el DANE en 2007, los afrocolombianos ascienden a 4.311.757 personas, lo que corresponde a un 10,62% de la población total del país. En cuanto a la población afro descendiente, este informe indica que la población residente en el corredor del pacífico colombiano ocupa 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados hasta el día de hoy, que corresponde a un territorio de 4.717.269 hectáreas, es decir el 4,13% de las tierras del país. (DANE, 2007: 23).

El DANE muestra también en este informe que los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle, Bolívar y Cauca. Los que concentran aproximadamente el 50% de la población afro del país son: Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar. Así como en las ciudades de Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el 29,2% de dicha población. (DANE, 2007: 24).

 Afros: lo que viene después de la paz.                

Por: Melba Escobar

Las comunidades afrodescendientes serán esenciales en el posconflicto. Desde ya trabajan en propuestas para fortalecer su riqueza ambiental, productiva y cultural.

Aunque la esclavitud nos pueda parecer lejana a quienes habitamos las principales ciudades, sus secuelas aún respiran en un país donde, según el Departamento Nacional de Planeación, cerca del 90 por ciento de la población afro vive en condiciones alarmantes de miseria, exclusión social, discriminación e injusticia.

La Unidad de Víctimas estima que el conflicto armado en Colombia ha golpeado directamente a 794.703 afrodescendientes. Este grupo poblacional se concentra principalmente en el litoral Pacífico, de donde procede una de cada dos víctimas. En Buenaventura, a pesar de contar con cuatro de los puertos más productivos del continente, la tasa de empleo informal es del 94 por ciento y la población vive en constante zozobra por la presencia de pandillas y organizaciones delincuenciales derivadas de la desmovilización de los paramilitares, especialmente del Bloque Calima.

Y también está Quibdó, donde la Unidad de Víctimas calcula que el conflicto expulsó a 41.798 personas. Además, casi la mitad de la población está compuesta por desplazados que viven en un barrio que paradójicamente se hace llamar El Futuro.

En El Futuro la desesperanza se mezcla con el olor a sancocho, el sonido del reguetón y el picadito de fútbol los domingos por la mañana. Porque lo asombroso es que los lugareños, a pesar de todo, encuentran la fuerza para seguir con su vida sin perder la buena cara. A esta tendencia natural a la alegría se suma un liderazgo creciente en el nivel local. «Los chocoanos tenemos que asumir el liderazgo, dejar de esperar que alguien venga a decretárnoslo, entender que nuestro deber es transformar este paisaje de pobreza local con los insumos que ofrece el territorio y respetando los modos de vida de la población», dice la líder Josefina Klinger, quien promueve el ecoturismo.

La firma de la paz es la oportunidad para fortalecer el tejido social de la población afrodescendiente, y crear confianza de manera recíproca entre esta comunidad y un Estado ausente. Es el momento para que la población afro lidere, desde su propia cosmovisión, propuestas de desarrollo que potencien su riqueza ambiental, productiva, cultural y económica. Es la ocasión para que el Estado reconozca sus potencialidades y capacidades para liderar iniciativas que cierren las brechas de inequidad.

En los territorios las comunidades ya están trabajando en esto. Rosmira Salas, presidenta de Cocomacia, (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato), ganadores del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 2015, explica que desde la Ley 70 de 1993 que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, están desarrollando normativas que permitan la sostenibilidad a largo plazo de su territorio: «Hemos regulado la pesca, la minería, la caza». Salas alerta sobre la posibilidad de que la paz que se está negociando en La Habana sea una «paz colonial», con un beneficio directo para las grandes empresas privadas o el gobierno central, pero no para las comunidades: «Hay que tener en cuenta a las organizaciones de base que han venido haciendo un trabajo social».

Según un líder de la comunidad Wounaan de San Juan de Chocó, los guerrilleros, especialmente del ELN, siguen por todo el territorio: cultivan coca, consumen los alimentos de los campesinos, matan a los animales: «No podemos seguir así», concluye. El escepticismo es generalizado. Temen que, al vivir en la línea de fuego, tras la firma de un acuerdo la violencia se recrudezca: que empiecen las llamadas ‘limpiezas’, las guerras entre bandos, y surjan nuevas organizaciones criminales en un territorio con una débil presencia del Estado. «Mal que bien ya nos hemos organizado así, sin instituciones, sin Estado. Tenemos nuestro orden interno», menciona un líder de Tumaco que pide mantener su nombre en reserva.

A estas preguntas se suman otras: cómo van a controlar que los exguerrilleros no pasen a integrar grupos delincuenciales tal como hicieron los paramilitares luego de desmovilizarse. Cómo van a hacer para que el lucrativo negocio de la droga no siga desangrando a la región pacífica. Cómo se va a reducir la brecha histórica, lo que requerirá una astronómica inversión social en un territorio donde el 45 por ciento de la población aparece en el registro de víctimas del conflicto armado.

Los afrodescendientes en el posconflicto tienen otro reto mayúsculo: las minas antipersona, que mantienen a comunidades completas confinadas, y que impiden cazar, pescar, cultivar en las zonas de reserva. En la lista de desafíos están además la minería ilegal y los cultivos ilícitos: el 15 por ciento de toda la coca sembrada en el país está en territorios comunitarios de afrocolombianos y en Chocó el 90 por ciento de la minería que se realiza es ilegal.

La restitución de tierras y el retorno a sus territorios ancestrales, son también una prioridad: 695.302 afros se han desplazado por la violencia; el 10 por ciento de ellos residía en territorios colectivos reconocidos por el Estado. Los grupos armados y las bandas criminales que seguirán disputándose las tierras de los afros ofrecen otro reto enorme: los Urabeños y los Rastrojos se mueven por departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y el ELN es muy fuerte en Chocó, Nariño, y algunas regiones del Cauca. A esto se suma el desplazamiento intraurbano provocado precisamente por estas pugnas: lo que sucedía exclusivamente en zona rural se trasladó a ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó.

Desde la defensa a la autonomía territorial y de sus procesos organizativos, la comunidad viene elaborando propuestas como la reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada; y planes de reparación integral, autoprotección colectiva e infraestructura regional para la paz, que garanticen los derechos fundamentales y colectivos.

En cuanto a la reactivación económica del territorio, la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) es la principal estrategia del gobierno para fomentar la productividad del campo y la seguridad jurídica; pero existe el temor de que los baldíos, que deberían ser para los campesinos, se vayan a manos de empresas nacionales y trasnacionales.

Hay que reconocer que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha hecho un esfuerzo importante por la seguridad de la región. Así mismo, con el Plan Pazcífico, para el que recientemente designó a Luis Alfonso Escobar, el Estado invertirá 400 millones de dólares en programas sociales y de lucha contra la pobreza extrema.

La legitimidad de un proceso de paz se construye desde los territorios, desde el reconocimiento de los derechos étnicos y la implementación de iniciativas con enfoques diferenciales. Solo queda esperar que la inversión para la paz territorial sea pertinente y concertada, que los temores de que arda de nuevo el fuego de la guerra tras la firma del acuerdo sean infundados, y que los recursos naturales y las formas de vida de las comunidades negras sean respetados, dándoles espacio a los liderazgos locales y las iniciativas propias.

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